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Dividendos y complementario en las zonas libres



Quien no haya cometido errores que lance la primera piedra. Pero es lamentable que la nueva plataforma tecnológica de la Dirección General de Ingresos (DGI) tenga tantos errores o problemas por resolver y que nos costó varios millones de dólares sin que el cobrador pagara los impuestos que corresponden.

En el complicado y peligroso juego de los impuestos, muchas cosas dejan patidifusos a muchos más. Si bien los errores son propios de la naturaleza humana, en impuestos se cometen muchos “errores” por parte de la administración fiscal (DGI) por diversos motivos que no son necesarios asolearlos aquí, y por parte del administrado (el contribuyente) por falta de conocimiento y otras tantas veces para no pagar al Estado que nos cobija las contribuciones establecidas por ley.

En un artículo anterior, sin pretender poner el punto final al tema, tratamos las gestiones que realiza la DGI para cobrar el impuesto complementario dejado de pagar por quienes han obtenido ganancias de capital al vender propiedades inmobiliarias.

Hoy exponemos el caso de las zonas libres desde otra perspectiva.

Como una situación especial, las transferencias de bienes inmuebles que se realizan dentro de la ZLC o cualquiera otra zona libre tienen como base impositiva el valor de la transferencia menos: i) el valor según libros del bien vendido neto de depreciación, ii) el impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI) pagado y iii) todos los gastos necesarios para efectuar la transferencia, tal como quedó con la modificación introducida por la ley 8 del 2010. Estas operaciones se escapan del concepto de ganancias de capital para efectos impositivos, y no están sujetas a pagar el 3% como anticipo al ISR ni ninguna otra tarifa del literal a) del artículo 701 del Código Fiscal.

En su defecto, la utilidad neta queda sujeta a la tarifa del artículo 699 del Código Fiscal. Por otro lado, toda persona jurídica establecida en la Zona Libre de Colón o en cualquier zona o área libre de impuestos, así como en una zona libre de petróleo (DG 36 de 2003), tienen una tarifa especial en cuanto al impuesto de dividendos y a su carnal el impuesto complementario (IC).

El primero de ellos se tasa al 5% sobre toda distribución o capitalización de utilidades, cualquiera sea su fuente; el segundo se limita al 2% calculado sobre el 40% de la utilidad neta menos el impuesto sobre la renta (saldo resultante), de acuerdo al artículo 733 del Código Fiscal, siempre que la sociedad no haya distribuido dividendos o cuando lo distribuido en el período no alcance ese 40%.

Ambos impuestos son aplicables a las utilidades de las personas jurídicas señaladas, incluyendo las utilidades provenientes de las siguientes fuentes:

1. Fuente panameña u operaciones interiores o locales;

2. Fuente extranjera u operaciones exteriores o de exportación;

3. Intereses que se paguen o acrediten sobre los valores emitidos por el Estado y las utilidades provenientes de su enajenación; y,

4. Intereses que se reconozcan o paguen sobre los depósitos de cuentas de ahorro, a plazos o de cualquier otra índole que se mantengan en las instituciones bancarias establecidas en Panamá.

Las normas en estudio igual se aplican a las empresas beneficiadas con el régimen fiscal de las zonas francas (Ley 32 de 2011), que también han de pagar el 5% como impuesto de dividendo, independientemente de la fuente de sus rentas, y por supuesto al 2% en concepto de IC en caso de que no distribuya al menos el 40% de sus utilidades del período. Tales impuestos se aplican a las utilidades obtenidas por las empresas amparadas con el régimen del Área Económica Especial Panamá-Pacífico de la ley 41 de 2004, modificada por la Ley 31 de 2009, exceptuando ciertas actividades muy puntuales.

Fuente: prensa.com


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